Denuncia de violencia y acoso

Separaron de su cargo al jefe de Producción de Obras Sanitarias

El sumario administrativo que pesa sobre el Licenciado Gustavo Etchegoyen fue iniciado el pasado 26 de abril, a partir de la emisión del decreto del Ejecutivo municipal que abrió formalmente la etapa investigativa sobre una serie de hechos detallados en la denuncia radicada en su contra.


Foto relacionada

La denunciante, temerosa de recibir algún tipo de represalia por el denunciado, y luego de haber padecido situaciones de violencia de género y acoso que de acuerdo a lo expresado por ella misma a R2820 datan del año 2004, radicó una denuncia penal contra esta persona en búsqueda de preservar su integridad física, psicológica y emocional.

En este marco la Fiscalía solicitó medidas restrictivas al Juzgado de Garantías N° 1, que fueron dispuestas –entrando en vigencia al mediodía del viernes pasado- por un lapso de 30 días.Pero el pasado viernes a la tarde, la víctima asistió a su lugar de trabajo y se encontró con esta persona desarrollando sus actividades normales en Obras Sanitarias.

La explicación del Municipio

"La situación comienza cuando esta mujer -que integra la planta permanente del Municipio- denuncia una situación de violencia; a partir de eso nosotros creamos las condiciones necesarias para establecer un sumario administrativo que comienza en mi dirección, pero luego continúa por Personal, Legales y también el Área de Género. Desde ese momento se generaron algunas restricciones -en relación al denunciado- entre las cuales se encuentran que estas dos personas no estén en la misma habitación ni que se pueda dar ninguna interacción entre ellos", comenzó a contar el director de Obras Sanitarias de Gualeguaychú, el ingeniero Ivan Mataitis.

Así fue que “continuó el sumario administrativo, declaró tanto la víctima como el victimario. A raíz de la denuncia radicada en Fiscalía se procedió también a la separación de este agente de planta permanente de nuestra dirección, hasta que concluya el sumario con su correspondiente determinación", reveló este lunes Mataitis.

Consultado sobre la presencia del denunciado luego de que el Juzgado de Garantías haya emanado la orden de restricción, Mataitis reconoció: “No estoy en conocimiento; ambos trabajan dentro de la órbita de obras Sanitarias, aunque no dentro del mismo espacio físico; pero lo que se resolvió este lunes, de manera conjunta con otras direcciones, fue separar a esta persona de la dirección protegiendo a la víctima, mientras se pueda proceder en el marco del sumario administrativo, darle resguardo y sobre todo tranquilidad a la víctima”.

Acerca de la demora en cuanto al traslado de Etchegoyen –existiendo legislación muy clara respecto a este tipo de situaciones en organismos públicos-, dijo: “Esta persona tuvo una restricción con respecto al contacto, no hemos tenido la información por parte de la denunciante de que haya pasado otra situación que la que consta en el sumario” .

Vale la pena detenerse en este punto: En uno de los considerandos del decreto 1006/2017 que inicia el sumario, claramente se describe la gravedad de la situación: “en sus años de trabajo como empleada municipal, han sido reiteradas las agresiones y malos tratos del denunciado hacia a su persona. Denuncia así mismo un intenso maltrato psicológico y reiterado acoso a fines de generar incomodidad con palabras, gritos, gestos, con el agravante de la superioridad jerárquica que detenta”. Pero se necesitó la denuncia penal y la restricción dispuesta por un juez para comprender que no bastaba con creer que se protegía a la víctima manteniéndola en una habitación separada a la del presunto agresor.

“En principio hay cuestiones que como ingeniero me exceden, pero de todas maneras se han tomado las restricciones que contemplamos que correspondían, se ha generado el ámbito para que la denunciante haga su descargo en el ámbito administrativo, porque es una decisión de gobierno terminar con este tipo de cuestiones. Sumada esta voluntad a lo que dice la Justicia, es que fue separado el presunto agresor hasta tanto finalice el sumario, justificó Mataitis.

Y volvemos a detenernos: “Hasta tanto finalice el sumario”. ¿Y después?

Consultado sobre esta cuestión, el director de Obras Sanitarias afirmó que desconocía el tiempo que llevaría la instrucción sumarial, ya que “hubo más de 10 testimonios, provenientes de ambas partes”, dijo antes de volver a insistir con que “se generaron las condiciones para que estos agentes –ambos de planta- tengan la tranquilidad necesaria para poder trabajar, sumándole a esto la restricción judicial”.

Ante la pregunta de qué va a pasar si la resolución del sumario se dilata más allá del tiempo establecido por la restricción judicial (30 días), Mataitis insistió con que Etchegoyen permanecerá apartado de su cargo “hasta tanto concluya el sumario”.

¿Por qué no se habla abiertamente de violencia de género en el ámbito laboral?

“A raíz de una ampliación de la declaración de la denunciante en el marco del sumario, aparecieron cuestiones de género. Desde el área específica (Género y Diversidad) se sugirió a Legales que sea apartada esta persona, pero al ser consultado sobre cuál sería la intervención y al acompañamiento de la víctima, Mataitis y dijo: “No sabría responder eso”.
Cabe preguntarse: ¿Cuándo iba el área específica a acercarse a la víctima? ¿Cuándo y donde iban a comenzar a hablar formalmente de violencia de género en el ámbito laboral?

Sobre la instrucción sumarial

Según pudo constatar R2820, la investigación administrativa fue iniciada partir de un decreto del Ejecutivo Municipal (1006/2017) –publicado en el boletín oficial - el pasado 26 de abril. En el primer artículo del mencionado decreto se dispone "la instrucción de Sumario Administrativo contra el agente municipal Gustavo Abel Etchegoyen (...), quien presta funciones actualmente ante la Sección Producción de Obras Sanitarias, dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Gualeguaychú". El texto especifica que dicho sumario es "tendiente a investigar el hecho denunciado y procurar su esclarecimiento, hechos que constituirían a prima facie una violación a los deberes del personal municipal, previsto en el artículo n° 11, inciso i y j de la ordenanza 7452/1975 puesta en vigencia por la ordenanza n° 8917/1989".

El decreto hace mención a las obligaciones consignadas en el artículo N° 11 del Estatuto de Empleados y Obreros Municipales (inciso i: “La de observar buena conducta en el ejercicio en la función y en su vida privada, manteniendo su decoro en relación al cargo o servicio que ejerce”, como así también el inciso j: “La de disponer trato cortés y solicito al públi¬co, otros agentes y funcionarios municipales, cualquiera sea su jerarquía”), pero carece de toda perspectiva de género, incluso aquella que brota del sentido común de quien pueda leer los considerandos que dan lugar a la actuación. El decreto tampoco encuadra en el cumplimiento del Protocolo Interministerial e Intersectorial de Acciones Destinadas a la Prevención, Protección y Asistencia Integral de la Violencia de Género y Violencia Familiar, al que adhirió el Legislativo Local a través de la ordenanza n° 11797/2013. Dentro de los objetivos específicos del mencionado protocolo, se establece claramente “incorporar en las acciones de este Protocolo, aquellas situaciones previstas en las Leyes provinciales de Violencia Laboral”, etc, a la vez que no se encuadra en lo establecido por la Ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

¿Qué quiero decir con esto? Que se redujo el problema a una cuestión vinculada al ejercicio de violencia laboral y no al ejercicio de violencia de género en el ámbito laboral, lo cual requiere de un abordaje diferente, integrado, y una respuesta que no está atada a la subjetividad del superior que interpreta la denuncia, sino a un protocolo -o patrón estándar para no repetir hasta el hartazgo la palabra protocolo- que conduzca los procedimientos atendiendo a la especificidad de un reclamo. Lo que vale la pena destacar es que hasta tanto las instituciones y organismos públicos del Estado no comprendan ni legislen ni gobiernen en función de atender este tipo de conflictos, o adhieran formalmente convirtiendo las leyes en letra muerta, las consecuencias pueden ser lo suficientemente graves como para lamentar luego aquello que no se supo hacer.

Esta vez se activó una red solidaria que contuvo a la víctima, que la hizo fuerte.

Pero: ¿Qué pasa con aquellas mujeres que no tienen con quien elaborar su condición de víctimas ante una situación que bajo ninguna circunstancia ser naturalizada? ¿Qué hacen con el miedo y la humillación?

Para decir Ni Una Menos, además de declarar asuetos y adherir a documentos, se requieren herramientas concretas para actuar correctamente en las circunstancias que lo ameritan; para que el Estado promueva conciencia de género en vez de revictimizar a la víctima.

* Fuente: Paola Robles Duarte (www.r2820.com)